El presidente provisional del Senado, José Pampuro, aseguró que la normativa que en principio se discutiría en dos comisiones, ahora pasará por cuatro, por lo cual será debatida por 60 legisladores antes de llegar al recinto, y afirmó que "en principio la voluntad del bloque mayoritario es tratarla el 7 de octubre".
Pampuro aseguró que con esta determinación "se hace mucho más abarcativa la discusión" y explicó que "a 15 miembros por comisión, hay 60 senadores de los 72 con posibilidad de opinar y votar en el marco de las comisiones".
"Nosotros vamos a mantener como principio el proyecto aprobado en Diputados, pero existe la posibilidad de que muchos temas sean fuertemente discutidos", dijo el titular del Senado con relación a la postura del bloque del Frente para la Victoria.
En declaraciones radiales, Pampuro confirmó que el proyecto será girado a las comisiones de Presupuesto, Comunicaciones, Industria y Comercio, y Asuntos Constitucionales para que sea tratado a partir de mañana, tras la sesión de esta tarde en la que el Senado ratificará el acta de aceptación del giro a las comisiones.
El senador oficialista señaló que la decisión fue tomada tras haber consultado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Nueva York, quien "expresó su conformidad con la apertura". "En el Senado la oposición había hecho el pedido y la Presidenta coincidió y me instruyó para hacer esta apertura y comenzar la convocatoria", indicó el senador por la provincia de Buenos Aires.
"Con esta amplitud queremos desterrar esta cuestión a partir de declaraciones del vicepresidente a cargo de la Presidencia interina (Julio Cobos) en cuanto a que (el tratamiento del proyecto) era una situación impuesta y una ley express, involucrando a todo el Senado", sostuvo Pampuro.
Asimismo, aclaró que "se harán las consultas con los sectores que los presidentes de las comisiones crean conveniente" y que serán invitados a las reuniones.
"El Senado tiene la posibilidad de expresar sus disidencias y coincidencias", manifestó Pampuro al dar como ejemplo al senador Arturo Vera, quien preside la Comisión de Industria y Comercio. Sobre el tiempo que llevará el tratamiento del proyecto en comisiones para su definitiva aprobación, Pampuro dijo que el objetivo "es poder llevarlo al recinto el 7 de octubre, si los tiempos dan para ese margen".
Mañana, a las 10, fue citado para iniciar las audiencias de consulta el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, y luego el presidente de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos (PJ); se elaborará un cronograma "y vamos a continuar así durante toda la semana que viene mañana y tarde, con los invitados que los senadores propongan".
Ríos afirmó que el ámbito de las reuniones plenarias "está armado" y será el mismo -el Salón Azul- que se utilizó cuando el año pasado se discutió la resolución 125, que intentaba imponer retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.
"Con ocho, nueve días de discusiones en plenario" será suficiente y "apostaríamos en principio a firmar el dictamen de comisión el 7 de octubre, y llegaría al recinto el 14", evaluó.
Por su parte, la senadora María Eugenia Estenssoro (CC) insistió en que los puntos que más preocupan a la oposición es el artículo 161 de la media sanción de Diputados, que obliga en el término de un año a la "desinversión" de las empresas de medios que superen la cantidad de señales que permitirá la nueva ley de radiodifusión. Y también la imposibilidad que el texto da a los medios nacionales de tener cadenas informativas, lo cual va "en contra de la libertad de expresión", agregó la legisladora.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
viernes, 18 de septiembre de 2009
Otra idea “no positiva” del vicepresidente
El vicepresidente anunció que instruyó al secretario parlamentario para que girara la iniciativa a cinco comisiones. El oficialismo criticó la estrategia dilatoria. Mandarían el texto al Senado cuando el vicepresidente esté a cargo del Ejecutivo.
Por Martín Piqué(Pagina 12)
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado en Diputados podría llegar al Senado el próximo lunes. El primer día hábil de la semana entrante encontrará a Julio Cobos a cargo del Ejecutivo tras el viaje de la Presidenta a Nueva York, con motivo de la cumbre del G-20. Con Cobos al frente de la primera magistratura, el trámite administrativo en el Senado quedará en manos del presidente provisional del cuerpo, José Pampuro. Cobos sabe que es muy probable que el dictamen con media sanción llegue al Senado cuando él ya no esté a cargo de la presidencia de la cámara. Por eso, ayer, en una decisión poco común, instruyó por anticipado al secretario parlamentario, Juan Estrada, para que gire el proyecto a cinco comisiones del Senado. Apenas se conoció esta información, difundida desde el entorno de Cobos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, salió a contestarle al vice. “Los giros del presidente de la Cámara debe fundarlos sobre la competencia de cada comisión y el tema a debatir. Sería un acto de discrecionalidad girarlo a un sinnúmero de comisiones que no tienen competencia alguna”, replicó.
Los cruces entre Cobos y Pichetto se convirtieron en un clásico de la política argentina desde la madrugada de la resolución 125. Nadie olvidará aquella cita bíblica que el rionegrino le dedicó a Cobos al final de su discurso, cuando ya sabía que el vicepresidente iba a sepultar las retenciones móviles con un desempate inesperado. “Lo que vas a hacer, hazlo rápido”, pronunció Pichetto con la voz grave, recordando a Jesucristo y Judas Iscariote. Ayer, tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cobos y Pichetto comenzaron a prepararse para otra votación clave.
Cobos fue el primero en mover sus piezas. A primera hora de la tarde, sus asesores informaron que el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien llegó a ese puesto de la mano de Daniel Scioli en 2003, había recibido instrucciones para que cuando llegara el dictamen con media sanción lo girara a cinco comisiones. Según el reglamento interno del Senado, los proyectos que se van a tratar en la Cámara son enviados a una sola comisión, o a lo sumo dos, sobre todo cuando el dictamen implica una afectación presupuestaria. Pero el reglamento también prevé excepciones. Y sobre esas excepciones es que Cobos pretende justificar una ampliación del debate.
El interés de Cobos es sumar particularmente a las comisiones en las que el oficialismo no tiene garantizada la mayoría, que equivale a 8 votos sobre 15 integrantes. La instrucción que recibió el secretario Estrada consiste en girar el proyecto de Servicios Audiovisuales a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Medios de Comunicación y Libertad de Prensa; Asuntos Constitucionales; Educación y Cultura; Derechos y Garantías. El oficialismo se opone a que intervengan las tres últimas comisiones.
Ayer, además de difundir su instrucción sobre la ley de Servicios Audiovisuales, Cobos hizo circular un comunicado en el que llamó a políticos y empresarios a construir un “gran consenso nacional”. “Para hacer en el presente una Argentina con futuro alguien tiene que ceder”, exhortó el vice. La idea de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con vistas a los próximos años viene siendo impulsada, con matices, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno.
Pichetto no perdió el tiempo y ayer mismo salió a oponerse a la estrategia del vice. “Si se trata de girar por girar, bueno... Hay que explicarle al ciudadano y a los medios que el reglamento de la Cámara tiene un principio general y que el proyecto tiene que ser girado a una sola comisión”, replicó. También le contestó el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El reglamento del Senado tiene dos principios generales. El primero es que los proyectos se giran a una sola comisión. Y en este caso particular, el reglamento es más taxativo porque al haberse unificado las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, este proyecto debería ser remitido solamente a esa comisión”, dijo Fernández en diálogo con Página/12.
–Pero Cobos ya dijo que buscará ampliar el debate a cinco comisiones.
–El presidente del cuerpo, sea el vicepresidente de la Nación o el presidente a cargo de la Cámara, no tiene ninguna atribución plus para darle un trámite a los asuntos distinto al expresamente reglado. La función del vicepresidente de la Nación es de neto corte administrativo. Y sólo tiene atribuciones adicionales a las de ordenar cuestiones de neto corte administrativo y funcional cuando, como sucedió con la 125, existe un empate en las votaciones del cuerpo.
Justo a tiempo
La sucesión de argumentos utilizados por Cobos y los senadores opositores como el mendocino Ernesto Sanz (UCR), por un lado, y por los senadores oficialistas por otro podría derivar en una intrincada discusión inspirada en distintas interpretaciones del reglamento del Senado. Sin embargo, el oficialismo tiene a su alcance una alternativa más práctica para esquivar ese escenario. Mañana a la noche, cuando la Presidenta despegue hacia Estados Unidos, su ex compañero de fórmula quedará temporariamente a cargo del Ejecutivo. Eso le impedirá a Cobos conducir como titular del Senado los pasos previos del debate por la ley de Servicios Audiovisuales.
Si el proyecto ingresa al Senado el lunes próximo, el trámite parlamentario quedará a cargo de Pampuro. Podría ser una solución provista por el almanaque y la agenda presidencial, pero también por lo complejo y vasto del proyecto que ya logró media sanción en Diputados. El dictamen votado por 147 legisladores del kirchnerismo, la centroizquierda y el Partido Socialista tiene 166 artículos. En la madrugada de ayer, los diputados votaron en forma particular cada uno de sus artículos en un procedimiento muy largo que terminó a las 4.15 de la mañana.
La iniciativa ya había sufrido más de 200 modificaciones en el debate en el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. Ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordó la complejidad del texto y se preocupó por despejar las suspicacias acerca de una supuesta demora intencional en el giro al Senado. “No hay que generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado, donde sea Cobos el presidente o esté Pampuro a cargo, tendrán que cumplir con el reglamento para avanzar con el trámite”, dijo. “Queremos ser muy prudentes dentro de la rapidez que esto necesita. Por eso, se está trabajando con urgencia con mucha seguridad y tranquilidad. Queremos darle un tratamiento adecuado”, argumentó Fellner
Por Martín Piqué(Pagina 12)
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobado en Diputados podría llegar al Senado el próximo lunes. El primer día hábil de la semana entrante encontrará a Julio Cobos a cargo del Ejecutivo tras el viaje de la Presidenta a Nueva York, con motivo de la cumbre del G-20. Con Cobos al frente de la primera magistratura, el trámite administrativo en el Senado quedará en manos del presidente provisional del cuerpo, José Pampuro. Cobos sabe que es muy probable que el dictamen con media sanción llegue al Senado cuando él ya no esté a cargo de la presidencia de la cámara. Por eso, ayer, en una decisión poco común, instruyó por anticipado al secretario parlamentario, Juan Estrada, para que gire el proyecto a cinco comisiones del Senado. Apenas se conoció esta información, difundida desde el entorno de Cobos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, salió a contestarle al vice. “Los giros del presidente de la Cámara debe fundarlos sobre la competencia de cada comisión y el tema a debatir. Sería un acto de discrecionalidad girarlo a un sinnúmero de comisiones que no tienen competencia alguna”, replicó.
Los cruces entre Cobos y Pichetto se convirtieron en un clásico de la política argentina desde la madrugada de la resolución 125. Nadie olvidará aquella cita bíblica que el rionegrino le dedicó a Cobos al final de su discurso, cuando ya sabía que el vicepresidente iba a sepultar las retenciones móviles con un desempate inesperado. “Lo que vas a hacer, hazlo rápido”, pronunció Pichetto con la voz grave, recordando a Jesucristo y Judas Iscariote. Ayer, tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cobos y Pichetto comenzaron a prepararse para otra votación clave.
Cobos fue el primero en mover sus piezas. A primera hora de la tarde, sus asesores informaron que el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien llegó a ese puesto de la mano de Daniel Scioli en 2003, había recibido instrucciones para que cuando llegara el dictamen con media sanción lo girara a cinco comisiones. Según el reglamento interno del Senado, los proyectos que se van a tratar en la Cámara son enviados a una sola comisión, o a lo sumo dos, sobre todo cuando el dictamen implica una afectación presupuestaria. Pero el reglamento también prevé excepciones. Y sobre esas excepciones es que Cobos pretende justificar una ampliación del debate.
El interés de Cobos es sumar particularmente a las comisiones en las que el oficialismo no tiene garantizada la mayoría, que equivale a 8 votos sobre 15 integrantes. La instrucción que recibió el secretario Estrada consiste en girar el proyecto de Servicios Audiovisuales a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Medios de Comunicación y Libertad de Prensa; Asuntos Constitucionales; Educación y Cultura; Derechos y Garantías. El oficialismo se opone a que intervengan las tres últimas comisiones.
Ayer, además de difundir su instrucción sobre la ley de Servicios Audiovisuales, Cobos hizo circular un comunicado en el que llamó a políticos y empresarios a construir un “gran consenso nacional”. “Para hacer en el presente una Argentina con futuro alguien tiene que ceder”, exhortó el vice. La idea de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con vistas a los próximos años viene siendo impulsada, con matices, por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno.
Pichetto no perdió el tiempo y ayer mismo salió a oponerse a la estrategia del vice. “Si se trata de girar por girar, bueno... Hay que explicarle al ciudadano y a los medios que el reglamento de la Cámara tiene un principio general y que el proyecto tiene que ser girado a una sola comisión”, replicó. También le contestó el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El reglamento del Senado tiene dos principios generales. El primero es que los proyectos se giran a una sola comisión. Y en este caso particular, el reglamento es más taxativo porque al haberse unificado las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, este proyecto debería ser remitido solamente a esa comisión”, dijo Fernández en diálogo con Página/12.
–Pero Cobos ya dijo que buscará ampliar el debate a cinco comisiones.
–El presidente del cuerpo, sea el vicepresidente de la Nación o el presidente a cargo de la Cámara, no tiene ninguna atribución plus para darle un trámite a los asuntos distinto al expresamente reglado. La función del vicepresidente de la Nación es de neto corte administrativo. Y sólo tiene atribuciones adicionales a las de ordenar cuestiones de neto corte administrativo y funcional cuando, como sucedió con la 125, existe un empate en las votaciones del cuerpo.
Justo a tiempo
La sucesión de argumentos utilizados por Cobos y los senadores opositores como el mendocino Ernesto Sanz (UCR), por un lado, y por los senadores oficialistas por otro podría derivar en una intrincada discusión inspirada en distintas interpretaciones del reglamento del Senado. Sin embargo, el oficialismo tiene a su alcance una alternativa más práctica para esquivar ese escenario. Mañana a la noche, cuando la Presidenta despegue hacia Estados Unidos, su ex compañero de fórmula quedará temporariamente a cargo del Ejecutivo. Eso le impedirá a Cobos conducir como titular del Senado los pasos previos del debate por la ley de Servicios Audiovisuales.
Si el proyecto ingresa al Senado el lunes próximo, el trámite parlamentario quedará a cargo de Pampuro. Podría ser una solución provista por el almanaque y la agenda presidencial, pero también por lo complejo y vasto del proyecto que ya logró media sanción en Diputados. El dictamen votado por 147 legisladores del kirchnerismo, la centroizquierda y el Partido Socialista tiene 166 artículos. En la madrugada de ayer, los diputados votaron en forma particular cada uno de sus artículos en un procedimiento muy largo que terminó a las 4.15 de la mañana.
La iniciativa ya había sufrido más de 200 modificaciones en el debate en el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. Ayer, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, recordó la complejidad del texto y se preocupó por despejar las suspicacias acerca de una supuesta demora intencional en el giro al Senado. “No hay que generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado, donde sea Cobos el presidente o esté Pampuro a cargo, tendrán que cumplir con el reglamento para avanzar con el trámite”, dijo. “Queremos ser muy prudentes dentro de la rapidez que esto necesita. Por eso, se está trabajando con urgencia con mucha seguridad y tranquilidad. Queremos darle un tratamiento adecuado”, argumentó Fellner
Los cambios a la madrugada
En el debate de los 166 artículos del proyecto, los diputados acordaron fijar topes al reparto de la publicidad oficial, controlar los efectos ambientales de las emisiones radioeléctricas y destinar fondos al futuro Instituto Nacional de Música.
Por Miguel Jorquera(Pagina 12)
Las más de 250 modificaciones que introdujo el kirchnerismo en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron fundamentales para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados con el respaldo de los bloques de centroizquierda y del socialismo. Incluso, varios de los cambios que reclamaban estas bancadas se terminaron de incorporar en la madrugada de ayer, en medio del debate en particular de cada unos de los 166 artículos del proyecto. Entre ellos, establecer topes al reparto de la publicidad oficial a los licenciatarios privados con y sin fines de lucro, destinar el 2 por ciento de lo que recaude la AFIP al Instituto Nacional de Música y el control de las emisiones radioeléctricas de las empresas de comunicación.
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de inhabilitar el ingreso de las telefónicas y las empresas prestadoras de servicios públicos al negocio de los medios audiovisuales despejó el camino para los acuerdos, que continuaron en el plenario legislativo con cambios en la integración de la autoridad de aplicación. Dos de los aspectos más cuestionados por todo el arco opositor.
Con el núcleo duro opositor abroquelado para frenar el proyecto, la negociación con los bloques de centroizquierda y de algunos aliados –que estaban dispuestos a debatir la iniciativa en el Congreso– pasó a ser fundamental para obtener el respaldo necesario y que el proyecto atraviese sin dificultades la Cámara baja. Varias de las propuestas realizadas por Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (EPyS), los socialistas (PS) y radicales concertistas se incorporaron en el despacho de comisión.
La mayoría de ellos insistieron con otros cambios durante el debate en el recinto. El PS había planteado la necesidad de incorporar al proyecto un artículo destinado al reparto de la publicidad oficial y hasta hizo una propuesta en el plenario de comisiones: un 50 por ciento del total distribuido por igual a todos los medios, un 20 por ciento a los medios de divulgación cultural y científica y el 30 restante de acuerdo con pautas que fijase el PE nacional sobre la base de una llegada masiva del mensaje. La propuesta no prosperó, pero tampoco se truncaron las negociaciones. El miércoles temprano, el socialismo volvió a reformular sus sugerencias y las acercó al bloque oficialista. La misma fue debatida por la conducción del bloque y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que junto a sus técnicos no abandonó el Congreso durante las más de catorce horas de discusión en el recinto.
Las diferencias se resolvieron cerca de las tres de la mañana, cuando en la discusión artículo por artículo los diputados socialistas volvieron a la carga. “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro, atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial, el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”, dice el párrafo elaborado por el PS que quedó incorporado al artículo 76 del texto que pasa al Senado.
El diputado y economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur) hizo propio un reclamo del sindicato de músicos. Propuso que el 10 por ciento de lo recaudado por la AFIP entre los medios de comunicación debía ser girado a la autoridad de aplicación de la futura ley, para que ésta lo destine al futuro Instituto Nacional de Música (a crearse), dentro de una ley general para la actividad. Finalmente, el bloque K accedió al reclamo, pero sólo destinó a ese fin el 2 por ciento de lo recaudado.
Tampoco faltaron planteos ambientalistas. Después de un cruce de opiniones acerca de sobre quién recaía la competencia, se incorporó –con el respaldo de varios diputados– un inciso al artículo 12 por el cual la autoridad de aplicación debe realizar “periódicamente los estudios técnicos para evaluar nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas sobre el cuerpo humano y medioambiente”.
Cerca de las cuatro de la madrugada del jueves, y tras más de catorce horas de debate, terminaron las modificaciones al proyecto en la Cámara baja. Habían pasado más de ocho horas desde que el núcleo duro opositor –-UCR, Coalición Cívica, PRO, el PJ disidente y el cobismo– había abandonado el recinto pidiendo la nulidad de la sesión y reclamando un “debate más amplio”.
Por Miguel Jorquera(Pagina 12)
Las más de 250 modificaciones que introdujo el kirchnerismo en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron fundamentales para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados con el respaldo de los bloques de centroizquierda y del socialismo. Incluso, varios de los cambios que reclamaban estas bancadas se terminaron de incorporar en la madrugada de ayer, en medio del debate en particular de cada unos de los 166 artículos del proyecto. Entre ellos, establecer topes al reparto de la publicidad oficial a los licenciatarios privados con y sin fines de lucro, destinar el 2 por ciento de lo que recaude la AFIP al Instituto Nacional de Música y el control de las emisiones radioeléctricas de las empresas de comunicación.
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de inhabilitar el ingreso de las telefónicas y las empresas prestadoras de servicios públicos al negocio de los medios audiovisuales despejó el camino para los acuerdos, que continuaron en el plenario legislativo con cambios en la integración de la autoridad de aplicación. Dos de los aspectos más cuestionados por todo el arco opositor.
Con el núcleo duro opositor abroquelado para frenar el proyecto, la negociación con los bloques de centroizquierda y de algunos aliados –que estaban dispuestos a debatir la iniciativa en el Congreso– pasó a ser fundamental para obtener el respaldo necesario y que el proyecto atraviese sin dificultades la Cámara baja. Varias de las propuestas realizadas por Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (EPyS), los socialistas (PS) y radicales concertistas se incorporaron en el despacho de comisión.
La mayoría de ellos insistieron con otros cambios durante el debate en el recinto. El PS había planteado la necesidad de incorporar al proyecto un artículo destinado al reparto de la publicidad oficial y hasta hizo una propuesta en el plenario de comisiones: un 50 por ciento del total distribuido por igual a todos los medios, un 20 por ciento a los medios de divulgación cultural y científica y el 30 restante de acuerdo con pautas que fijase el PE nacional sobre la base de una llegada masiva del mensaje. La propuesta no prosperó, pero tampoco se truncaron las negociaciones. El miércoles temprano, el socialismo volvió a reformular sus sugerencias y las acercó al bloque oficialista. La misma fue debatida por la conducción del bloque y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que junto a sus técnicos no abandonó el Congreso durante las más de catorce horas de discusión en el recinto.
Las diferencias se resolvieron cerca de las tres de la mañana, cuando en la discusión artículo por artículo los diputados socialistas volvieron a la carga. “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro, atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial, el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”, dice el párrafo elaborado por el PS que quedó incorporado al artículo 76 del texto que pasa al Senado.
El diputado y economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur) hizo propio un reclamo del sindicato de músicos. Propuso que el 10 por ciento de lo recaudado por la AFIP entre los medios de comunicación debía ser girado a la autoridad de aplicación de la futura ley, para que ésta lo destine al futuro Instituto Nacional de Música (a crearse), dentro de una ley general para la actividad. Finalmente, el bloque K accedió al reclamo, pero sólo destinó a ese fin el 2 por ciento de lo recaudado.
Tampoco faltaron planteos ambientalistas. Después de un cruce de opiniones acerca de sobre quién recaía la competencia, se incorporó –con el respaldo de varios diputados– un inciso al artículo 12 por el cual la autoridad de aplicación debe realizar “periódicamente los estudios técnicos para evaluar nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas sobre el cuerpo humano y medioambiente”.
Cerca de las cuatro de la madrugada del jueves, y tras más de catorce horas de debate, terminaron las modificaciones al proyecto en la Cámara baja. Habían pasado más de ocho horas desde que el núcleo duro opositor –-UCR, Coalición Cívica, PRO, el PJ disidente y el cobismo– había abandonado el recinto pidiendo la nulidad de la sesión y reclamando un “debate más amplio”.
domingo, 13 de septiembre de 2009
Los 21 puntos
Más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley.
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron 21 puntos cuyo contenido se convirtió en símbolo de todos los debates en esta materia.
Este es el trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron 21 puntos cuyo contenido se convirtió en símbolo de todos los debates en esta materia.
Este es el trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Rossi rechazó modificar los "puntos antimonopólicos"
El presidente del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, advirtió que esa bancada no debatirá los "puntos antimonopólicos" del proyecto de ley de medios, por considerarlos "medulares", aunque admitió que podrían revisarse tanto la autoridad de aplicación como el acceso, que afectaría a las telefónicas.
Rossi, por otra parte, calificó como una "amenaza" que desde la oposición se haya anunciado que, luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados, se revisará la ley, si es que llega a ser sancionada como tal antes del recambio parlamentario.
El legislador cuestionó la intención del vicepresidente Julio Cobos de que el texto sea revisado en más comisiones, al señalar que "si es así, no tiene intenciones de debatir, sino de dilatar el tratamiento, para que no se trate nunca".
El jefe de los diputados "K", además, dejó entrever la pretensión de tratar el proyecto esta semana, al expresar que "el martes" podría recibir el despacho de comisión y "ya podemos bajar al recinto" a debatirla.
Al respecto, dijo sentirse "confiado" en obtener los números de votos necesarios el martes, en el encuentro de comisión, ya que "venimos trabajando y dialogando mucho con los diferentes bloques".
Por ello, indicó a las radios Mitre y 10 que el proyecto original sufriría "modificaciones que nos plantearon varios bloques, seguramente en la autoridad de aplicación y en cláusulas más restrictivas al ingreso de las telefónicas".
Rossi planteó que se estudian "restricciones que tienen que ver con la cantidad de abonados para la competencia, para así habilitar el ingreso de las telefónicas" por las cuales "ningún sistema de cableoperador podrá tener más del 35 por ciento del mercado".
Igualmente, aclaró que el proyecto "tiene un fuerte espíritu antimonopólico" por lo que "todos esos puntos, la médula, no tienen que sufrir modificaciones".
Rossi se refirió también al operativo realizado el jueves último en el diario Clarín, por parte de inspectores de la AFIP, al que calificó de "torpe".
El diputado dijo esperar que "se conozcan a las responsables" del operativo "y sus motivaciones", y despegó a Echegaray de responsabilidad alguna en este hecho, al declarar: "es un buen funcionario, honesto y eficiente".
Echegaray aseguró desconocer tal operativo, y ordenó el sumario interno de dos directores de alto rango del organismo, aunque se investiga de dónde procedió la orden.
"Me dio una cuota de tranquilidad lo que dijo el titular de la AFIP (de que se buscará a los responsables), quien es un buen funcionario, honesto y eficiente", insistió.
Igualmente, dijo que quiere "que se conozcan a los responsables, lo que llevó a hacer una inspección de esas características" y dijo desconocer si se trató de una "mano negra" contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
"Fue torpe, pero la inmediata desmentida del titular de la AFIP me trajo tranquilidad", expresó Rossi.
Rossi, por otra parte, calificó como una "amenaza" que desde la oposición se haya anunciado que, luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados, se revisará la ley, si es que llega a ser sancionada como tal antes del recambio parlamentario.
El legislador cuestionó la intención del vicepresidente Julio Cobos de que el texto sea revisado en más comisiones, al señalar que "si es así, no tiene intenciones de debatir, sino de dilatar el tratamiento, para que no se trate nunca".
El jefe de los diputados "K", además, dejó entrever la pretensión de tratar el proyecto esta semana, al expresar que "el martes" podría recibir el despacho de comisión y "ya podemos bajar al recinto" a debatirla.
Al respecto, dijo sentirse "confiado" en obtener los números de votos necesarios el martes, en el encuentro de comisión, ya que "venimos trabajando y dialogando mucho con los diferentes bloques".
Por ello, indicó a las radios Mitre y 10 que el proyecto original sufriría "modificaciones que nos plantearon varios bloques, seguramente en la autoridad de aplicación y en cláusulas más restrictivas al ingreso de las telefónicas".
Rossi planteó que se estudian "restricciones que tienen que ver con la cantidad de abonados para la competencia, para así habilitar el ingreso de las telefónicas" por las cuales "ningún sistema de cableoperador podrá tener más del 35 por ciento del mercado".
Igualmente, aclaró que el proyecto "tiene un fuerte espíritu antimonopólico" por lo que "todos esos puntos, la médula, no tienen que sufrir modificaciones".
Rossi se refirió también al operativo realizado el jueves último en el diario Clarín, por parte de inspectores de la AFIP, al que calificó de "torpe".
El diputado dijo esperar que "se conozcan a las responsables" del operativo "y sus motivaciones", y despegó a Echegaray de responsabilidad alguna en este hecho, al declarar: "es un buen funcionario, honesto y eficiente".
Echegaray aseguró desconocer tal operativo, y ordenó el sumario interno de dos directores de alto rango del organismo, aunque se investiga de dónde procedió la orden.
"Me dio una cuota de tranquilidad lo que dijo el titular de la AFIP (de que se buscará a los responsables), quien es un buen funcionario, honesto y eficiente", insistió.
Igualmente, dijo que quiere "que se conozcan a los responsables, lo que llevó a hacer una inspección de esas características" y dijo desconocer si se trató de una "mano negra" contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
"Fue torpe, pero la inmediata desmentida del titular de la AFIP me trajo tranquilidad", expresó Rossi.
Que se abran las compuertas
(Ley de Medios, por Arturo M. Lozza)
El proyecto de nueva ley de medios audiovisuales no es moco de pavo, no es un simple árbol perdido en el bosque, por el contrario, quizás estemos ante el árbol más alto de ese bosque, el que nos facilite abrirnos paso en el marasmo de la lucha de clases por lograr una más justa distribución de las riquezas, para pelearle al hambre y la desigualdad en mejores condiciones.
El proyecto hace a la lucha de ideas porque estamos hablando de cómo difundirlas más ampliamente, de ganarle por fin una batalla al cerco monopólico informativo del capital concentrado, asunto sobre el cual no podemos quedar al margen.
Hay que arrasar con la ley de la dictadura que en el manejo de medios solo impuso el interés del lucro capitalista y le cerró el sendero a lo que podíamos decir desde el campo popular.
Sufrimos varios, muchos de nosotros, cárceles y persecuciones, sufrimos la desaparición de más de un centenar de periodistas, a Rodolfo Walsh nada menos, y recuerdo aquel momento oscuro en el cual un “grupo de tareas” asaltó la redacción de “Informe” y asesinó al compañero Román Mentaberry, todo por la lucha de ideas, ellos para impedirnos la palabra, nosotros porque gritábamos las verdades y pretendíamos llegar a las entrañas del pueblo a toda costa.
No, después de pasar censuras, prisiones, castigos, no podemos hoy quedar al margen de esta pelea por acabar con el monopolio de la información. Y no solo dar pelea, debatir, proponer, participar, sino algo más pensando en la construcción del futuro: formar a los nuevos cuadros políticos y militantes del periodismo, formar cientos y cientos de difusores y de técnicos que aprendan las maneras científicas de llegar con el mensaje a las poblaciones.
Es hora, compañeros, de apoyar la aprobación de la ley y prepararnos para abrir espacios nuevos, en cada rincón del territorio, para la difusión de las ideas de la liberación, de la integración de los pueblos, de la igualdad social, de la soberanía y de la reconquista del patrimonio nacional usurpado con la complicidad del monopolio informativo.
El proyecto tiene imperfecciones, en el debate deberemos ponerle una valla a la pretensión de abrirle paso a nuevos monopolios, debemos lograr que el lucro y las leyes del mercado no le cierren el camino a las voces que asoman desde los movimientos sociales, culturales y políticos. En torno a estos puntos deberemos consensuar, negociar el mayor apoyo posible en el Parlamento para que se conviertan en ley.
No me gusta que en el proyecto se les abran nuevas puertas al negocio de los monopolios telefónicos. Habrá que cerrárselas en la pelea dentro y fuera del Congreso. Queremos que finalmente triunfen los 21 puntos elaborados en los foros de consulta. Y cabalgando en estas posiciones, tenemos que ser parte de la conjunción de fuerzas para acabar con esta ley de medios de la dictadura. Habrá que ir luego por otra ley dictatorial que aun sobrevive: la de entidades financieras.
Por fin tenemos ante nosotros la posibilidad de desinflarle el monopolio de 264 licencias que tiene el Grupo Clarín. Y no solo eso, también desinflar a los demás grupos de concentración, como el de Haddad, o el de Manzano-Vila y los de las oligarquía de las provincias que acaparan todo el manejo informativo.
Los comunistas hemos estado en la lucha por la difusión de ideas desde el nacimiento del Partido. Editamos nuestra prensa en la legalidad y en la clandestinidad. Sufrimos la persecución milica más años que los de una generación. Hasta en el monte tuvimos imprentas para sortear las censuras fascistas.
Es bueno que hoy recordemos esas luchas por hacernos sentir. Y es con memoria y con larga militancia y experiencia acerca de lo que es censura y represión, vivimos de manera muy especial este instante: la nueva ley de medios entró al Congreso y nosotros estamos ahí, participando, empujando para que sea realidad, para derrotar a la desinformación, para que se abran los senderos de la expresión del pueblo.
El proyecto de nueva ley de medios audiovisuales no es moco de pavo, no es un simple árbol perdido en el bosque, por el contrario, quizás estemos ante el árbol más alto de ese bosque, el que nos facilite abrirnos paso en el marasmo de la lucha de clases por lograr una más justa distribución de las riquezas, para pelearle al hambre y la desigualdad en mejores condiciones.
El proyecto hace a la lucha de ideas porque estamos hablando de cómo difundirlas más ampliamente, de ganarle por fin una batalla al cerco monopólico informativo del capital concentrado, asunto sobre el cual no podemos quedar al margen.
Hay que arrasar con la ley de la dictadura que en el manejo de medios solo impuso el interés del lucro capitalista y le cerró el sendero a lo que podíamos decir desde el campo popular.
Sufrimos varios, muchos de nosotros, cárceles y persecuciones, sufrimos la desaparición de más de un centenar de periodistas, a Rodolfo Walsh nada menos, y recuerdo aquel momento oscuro en el cual un “grupo de tareas” asaltó la redacción de “Informe” y asesinó al compañero Román Mentaberry, todo por la lucha de ideas, ellos para impedirnos la palabra, nosotros porque gritábamos las verdades y pretendíamos llegar a las entrañas del pueblo a toda costa.
No, después de pasar censuras, prisiones, castigos, no podemos hoy quedar al margen de esta pelea por acabar con el monopolio de la información. Y no solo dar pelea, debatir, proponer, participar, sino algo más pensando en la construcción del futuro: formar a los nuevos cuadros políticos y militantes del periodismo, formar cientos y cientos de difusores y de técnicos que aprendan las maneras científicas de llegar con el mensaje a las poblaciones.
Es hora, compañeros, de apoyar la aprobación de la ley y prepararnos para abrir espacios nuevos, en cada rincón del territorio, para la difusión de las ideas de la liberación, de la integración de los pueblos, de la igualdad social, de la soberanía y de la reconquista del patrimonio nacional usurpado con la complicidad del monopolio informativo.
El proyecto tiene imperfecciones, en el debate deberemos ponerle una valla a la pretensión de abrirle paso a nuevos monopolios, debemos lograr que el lucro y las leyes del mercado no le cierren el camino a las voces que asoman desde los movimientos sociales, culturales y políticos. En torno a estos puntos deberemos consensuar, negociar el mayor apoyo posible en el Parlamento para que se conviertan en ley.
No me gusta que en el proyecto se les abran nuevas puertas al negocio de los monopolios telefónicos. Habrá que cerrárselas en la pelea dentro y fuera del Congreso. Queremos que finalmente triunfen los 21 puntos elaborados en los foros de consulta. Y cabalgando en estas posiciones, tenemos que ser parte de la conjunción de fuerzas para acabar con esta ley de medios de la dictadura. Habrá que ir luego por otra ley dictatorial que aun sobrevive: la de entidades financieras.
Por fin tenemos ante nosotros la posibilidad de desinflarle el monopolio de 264 licencias que tiene el Grupo Clarín. Y no solo eso, también desinflar a los demás grupos de concentración, como el de Haddad, o el de Manzano-Vila y los de las oligarquía de las provincias que acaparan todo el manejo informativo.
Los comunistas hemos estado en la lucha por la difusión de ideas desde el nacimiento del Partido. Editamos nuestra prensa en la legalidad y en la clandestinidad. Sufrimos la persecución milica más años que los de una generación. Hasta en el monte tuvimos imprentas para sortear las censuras fascistas.
Es bueno que hoy recordemos esas luchas por hacernos sentir. Y es con memoria y con larga militancia y experiencia acerca de lo que es censura y represión, vivimos de manera muy especial este instante: la nueva ley de medios entró al Congreso y nosotros estamos ahí, participando, empujando para que sea realidad, para derrotar a la desinformación, para que se abran los senderos de la expresión del pueblo.
Puntos centrales del proyecto oficial de radiodifusión
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aspira a reemplazar la norma que rige desde la dictadura, responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información. Estos son los principales aspectos.
La presidenta hablando ayer en el Teatro Argentino de La Plata
La propuesta de proyecto de ley de la democracia llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual propone cambios sustanciales a la ley de la dictadura vigente (Ley 22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.
El nuevo proyecto responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información definido como "derecho universal" en concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A continuación, un cuadro comparativo sobre los principales puntos entre la ley de la dictadura y el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA):
OBJETO DE LA REGULACION
Ley 22.285: Unicamente se regulan los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias.
Ley SCA: El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.
LIBERTAD DE EXPRESION
Ley 22.285: Está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo.
Ley SCA: Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Ley 22.285: El organismo que regula la Radio y la TV está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
SCA: El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
LICENCIATARIOS
Ley 22.285: La radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro.
Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.
Ley SCA: Se permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro.
Se reservará con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS
Ley 22.285: Se admiten los monopolios y los oligopolios de medios. El Estado tiene una participación subsidiaria, ya que solo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados.
Ley SCA: Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios.
Se promoverá el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
MEDIOS PUBLICOS
Ley 22.285: Solo se prevé su condición subsidiaria. Las Universidades deben ser titulares de licencias por explotación comercial en TV. Solo se preveía a ATC como empresa comercial.
Ley SCA: Se permitirá que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales.
Se propondrá un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social.
CONTROL PARLAMENTARIO
Ley 22.285: No está previsto ningún control por parte del Congreso de la Nación.
Ley SCA: El control del Congreso de la Nación estará previsto para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor del Público.
Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SERVICIOS ABIERTOS
Ley 22.285: Permite que una sola persona sea titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
Ley SCA: Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos.
MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SISTEMAS POR SUSCRIPCION
Ley 22.285: Los sistemas de TV paga no tienen limitaciones en relación a las licencias que puede poseer una misma persona, siempre que no estén en la misma zona de cobertura. Esto facilita la formación de monopolios.
Ley SCA: Las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado.
PLAZO DE LICENCIAS
Ley 22.285: Las licencias duran 15 años y se pueden prorrogar por 10 años más.
Ley SCA: Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar 10 por años más, previa realización de Audiencias Públicas.
REQUISITOS PARA SER TITULAR DE UNA LICENCIA
Ley 22.285: Se exigen requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales.
Ley SCA: Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad.
Se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.
TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD DE LAS LICIENCIAS
Ley 22.285: Esta ley posibilita que mediante la utilización de sociedades por acciones, se esconda la verdadera titularidad de las licencias.
Ley SCA; Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias.
CONTENIDOS DE INTERES PUBLICO
Ley 22.285: Se permite la codificación de las transmisiones deportivas, impidiendo el acceso abierto a la mayoría de la población.
Ley SCA: Este proyecto prevé que los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta.
MEDIOS DE PROPIEDAD SOCIAL
Ley 22.285: No están previstos.
SCA: Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas.
COOPERATIVAS
Ley 22.285: Su participación estuvo prohibida hasta el año 2005. Actualmente pueden participar en forma restringida.
Ley SCA: Se establecerá un régimen abierto de participación para las cooperativas. También se implementarán medidas tendientes a evitar abusos de posición dominante.
CINE NACIONAL
Ley 22.285: No está previsto.
Ley SCA: Se establecerá una Cuota de Pantalla de Cine Nacional, como lo han hecho países como Francia o Brasil.
La presidenta hablando ayer en el Teatro Argentino de La Plata
La propuesta de proyecto de ley de la democracia llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual propone cambios sustanciales a la ley de la dictadura vigente (Ley 22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.
El nuevo proyecto responde a los avances tecnológicos de los últimos 30 años y democratiza el acceso a la información definido como "derecho universal" en concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A continuación, un cuadro comparativo sobre los principales puntos entre la ley de la dictadura y el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA):
OBJETO DE LA REGULACION
Ley 22.285: Unicamente se regulan los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias.
Ley SCA: El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.
LIBERTAD DE EXPRESION
Ley 22.285: Está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo.
Ley SCA: Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Ley 22.285: El organismo que regula la Radio y la TV está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
SCA: El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
LICENCIATARIOS
Ley 22.285: La radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro.
Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.
Ley SCA: Se permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro.
Se reservará con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS
Ley 22.285: Se admiten los monopolios y los oligopolios de medios. El Estado tiene una participación subsidiaria, ya que solo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados.
Ley SCA: Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios.
Se promoverá el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
MEDIOS PUBLICOS
Ley 22.285: Solo se prevé su condición subsidiaria. Las Universidades deben ser titulares de licencias por explotación comercial en TV. Solo se preveía a ATC como empresa comercial.
Ley SCA: Se permitirá que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales.
Se propondrá un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social.
CONTROL PARLAMENTARIO
Ley 22.285: No está previsto ningún control por parte del Congreso de la Nación.
Ley SCA: El control del Congreso de la Nación estará previsto para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor del Público.
Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SERVICIOS ABIERTOS
Ley 22.285: Permite que una sola persona sea titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
Ley SCA: Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos.
MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS EN SISTEMAS POR SUSCRIPCION
Ley 22.285: Los sistemas de TV paga no tienen limitaciones en relación a las licencias que puede poseer una misma persona, siempre que no estén en la misma zona de cobertura. Esto facilita la formación de monopolios.
Ley SCA: Las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado.
PLAZO DE LICENCIAS
Ley 22.285: Las licencias duran 15 años y se pueden prorrogar por 10 años más.
Ley SCA: Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar 10 por años más, previa realización de Audiencias Públicas.
REQUISITOS PARA SER TITULAR DE UNA LICENCIA
Ley 22.285: Se exigen requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales.
Ley SCA: Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad.
Se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.
TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD DE LAS LICIENCIAS
Ley 22.285: Esta ley posibilita que mediante la utilización de sociedades por acciones, se esconda la verdadera titularidad de las licencias.
Ley SCA; Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias.
CONTENIDOS DE INTERES PUBLICO
Ley 22.285: Se permite la codificación de las transmisiones deportivas, impidiendo el acceso abierto a la mayoría de la población.
Ley SCA: Este proyecto prevé que los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta.
MEDIOS DE PROPIEDAD SOCIAL
Ley 22.285: No están previstos.
SCA: Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas.
COOPERATIVAS
Ley 22.285: Su participación estuvo prohibida hasta el año 2005. Actualmente pueden participar en forma restringida.
Ley SCA: Se establecerá un régimen abierto de participación para las cooperativas. También se implementarán medidas tendientes a evitar abusos de posición dominante.
CINE NACIONAL
Ley 22.285: No está previsto.
Ley SCA: Se establecerá una Cuota de Pantalla de Cine Nacional, como lo han hecho países como Francia o Brasil.
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